Recientemente, en 2º de Bachillerato, estudiábamos en clase  la diversidad de los servicios que conforman el sector terciario de la economía.  Decíamos que una clasificación básica de los mismos los divide en dos grandes grupos, según su titularidad y sus fines:

• Los servicios privados o de mercado, que son mayoritarios en España y son prestados por empresas privadas que cobran según precios del mercado a sus clientes o usuarios.  Si, por diversas circunstancias, no obtienen beneficios, pueden quebrar y sus clientes quedan temporalmente sin el servicio prestado hasta no encontrar una nueva empresa que se lo ofrezca.
• Los servicios públicos o de no mercado, financiados por el estado con el dinero de los impuestos, se centran en aquellos servicios que no son cubiertos por la empresa privada (por falta de rentabilidad u otros motivos) o en aquellos otros considerados esenciales para la población y que el estado debe garantizar por ser derechos fundamentales recogidos en la constitución (seguridad, sanidad, educación, etc.)  Cuentan con la ventaja para el usuario de que no quiebran y, si son bien gestionados, el contribuyente puede asumir  su coste como una buena inversión.  Se enfrentan, no obstante,  al riesgo de corrupción que se puede generar en torno a ellos y al de la incompetencia de los cargos políticos que, ocasionalmente, los puedan dirigir.

Entre los servicios, como ya hemos visto, la educación es uno de los considerados esenciales para el crecimiento de la calidad de vida y del índice de desarrollo humano de cualquier país.  Es por ello que el estado, garante del ejercicio de los derechos ciudadanos, debe promoverla y llevarla hasta el último rincón del territorio y hasta el último habitante del mismo.  Es un gasto que, en última instancia, revertirá en beneficios inmensos para toda la población.

Cada euro destinado a educación, de los impuestos que pagan los contribuyentes, es una inversión fabulosa, que crea riqueza para la sociedad a medio y largo plazo.  De la misma manera que las infraestructuras físicas, necesarias para el desarrollo de un país, generan negocio y actividad económica (comercial, de transporte, industrial, etc.), la educación es una inversión dinámica. que comienza a generar dividendos prácticamente desde el mismo momento en que se invierte en ella, tanto a nivel individual (los alumnos se forman y aumentan su cualificación de cara a su futuro profesional), como colectivo (la sociedad se compone de ciudadanos cada vez más formados y que aportan más riqueza y bienestar al conjunto).  Igualmente, una buena educación, minimiza los gastos en otros ámbitos;  una  educación en valores, una buena educación vial o una educación para la salud, suponen, por ejemplo, un ahorro importante en medicinas y sanidad, en energía o, simplemente, en limpieza de calles.

Así pues, maximizar el rendimiento intelectual de los jóvenes, futuros ciudadanos, es la labor principal de los profesores y los convierte en pieza clave de la estructura del estado.  Bien es cierto que habrá profesionales de la enseñanza económicamente más «productivos» que otros (según la relación más directa que pueda tener la materia enseñada con un empleo concreto), pero no se ha de olvidar el «enriquecimiento» moral que, en una sociedad moderna, debe ir en paralelo al material.  Por ello, es imprescindible la dignificación de su labor profesional, inherente a la gran responsabilidad que sobre ellos recae, y la garantía de unas condiciones laborales específicas que les permitan desarrollar su trabajo con rigor y máximo aprovechamiento.

Por otra parte, hoy en día, ante la situación de crisis económica y de cambio de sistema en que vivimos, la enseñanza debe ser la pieza clave en la construcción de un futuro mejor, basado en la cualificación profesional, en la investigación y en la innovación.  Y, por ello mismo,  debe ser una enseñanza de calidad, socialmente consensuada  y que ofrezca las mismas posibilidades para todos, independientemente de su nivel económico, es decir, una enseñanza pública, un servicio público, en definitiva.