Como cada año por estas fechas, los medios de comunicación se hacen eco del comienzo de curso para millones de estudiantes. Se presentan las últimas novedades, las quejas y protestas de los diversos sectores (padres, profesores y alumnos), las cifras más relevantes (numero de estudiantes, centros, profesores…), los resultados académicos y los de las pruebas de diagnóstico (PISA, entre otras), etc.

Este año, a todo ello, añadimos la incertidumbre que nos acompaña desde que el gobierno, durante la legislatura pasada, se lanzó a la elaboración de un nuevo sistema educativo que, con la oposición de todas las fuerzas políticas presentes en el Congreso y la práctica totalidad de la comunidad educativa, quiso poner en marcha en tiempo récord.  Siempre he sostenido que plantear un nuevo sistema de enseñanza en España (algo totalmente necesario desde hace ya un par de décadas) es mucho más complejo que organizar unas olimpiadas. Esto lo sabemos quienes pertenecemos al mundo de la educación, pero no parecen comprenderlo quienes, sujetos a unos plazos electorales urgentes, han decidido llevarlo a cabo en apenas tres cursos académicos. Precipitación, incertidumbre, chapuza, pedagogía obsoleta, falta de acuerdo, etc., son los atributos que acompañan a una ley educativa que, por todo ello, tiene los días contados. Mientras tanto, en los centros educativos, debemos sacar adelante una nueva promoción de alumnos que, en el caso de 4º de ESO y 2º de Bachillerato, aún no saben qué tipo de título van a poseer al acabar cada etapa, ni de qué forma lo van a obtener. Una vez más, la chapuza española resurge de sus cenizas y se impone sobre cualquier otro rasgo del carácter hispano.

Y puede que los profesores tengamos lo que nos merecemos, como elevadas tasas de paro e inestabilidad laboral en la profesión, falta de recursos, clases atestadas, falta de autoridad, etc. Puede que los padres tengamos, igualmente, lo que nos merecemos (lo que hemos votado, al fin y al cabo): cambios constantes en los planes de estudios de nuestros hijos, estrés familiar a cuenta de deberes y otras actividades didácticas, gastos en libros de texto, academias y profesores particulares, etc. Pero lo que es seguro, es que nuestros alumnos, nuestros hijos, no se merecen ni todo lo anterior ni tampoco una excesiva carga de deberes, ni las reválidas u otras pruebas de diagnóstico, ni la discriminación y exclusión por razones económicas o sociales, ni el fracaso escolar, ni el bullying… Ellos no han votado, ellos no han tomado decisiones sobre el sistema educativo, no financian su futuro.

Los alumnos, nuestros hijos, no merecen ser considerados como piezas estandarizadas que deban insertarse con precisión en un sistema económico y social inmutable. Se merecen la consideración de futuros ciudadanos, que habrán de habilitar un sistema justo, sostenible y global. Habrán de ser capaces, para ello, de dar respuesta a retos complejísimos, desde el conocimiento científico, pero también desde la perspectiva humanística de la felicidad, que sigue siendo, desde la Ilustración, uno de los objetivos que conforman nuestra sociedad.

Nada de lo anterior será posible si no se cumplen dos premisas consecutivas:

1. Lograr un pacto educativo nacional (y, a ser posible, europeo) que resuelva la absurda y confusa situación a la que hemos llegado siguiendo una vía excesivamente ideologizada.
2. Elaborar un sistema educativo que dé respuesta a la doble necesidad de alcanzar el objetivo del progreso y el bienestar social, al tiempo que permita la consecución material del mismo mediante la creación de un sistema económico sostenible.